Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda interpuesta por la empresa Neck Child SA contra la Dirección General de Trabajo impugnando la resolución que denegó la inclusión en expediente de regulación temporal por fuerza mayor relacionada con el Covid 19 de dos trabajadoras que fueron despedidas con anterioridad al inicio del Estado de Alarma. Se considera que la pretensión entraña un evidente fraude de ley, como ya resolvió la Sala en casos precedentes (Ryanair) y avaló la Sala IV del Tribunal Supremo.
Resumen: En la demanda se ejercitan acumuladamente la acción individual y la acción de responsabilidad por deudas frente al administrador social. La Sentencia considera que el art. 241 bis L.S.C. resulta de aplicación no solo a la acción de responsabilidad social e individual sino también a la acción de responsabilidad por deudas. Cese del administrador: el problema de la prescripción de la acción de responsabilidad de administradores en el caso que el cese no hubiera sido inscrito fue definitivamente resuelto por nuestro Alto Tribunal dando preferencia a la publicidad registral, de manera tal que el plazo de cuatro años para la prescripción de la acción se deberá computar desde que el cese se inscribe en el Registro Mercantil, salvo que el afectado tuviera conocimiento de ese hecho con anterioridad al cese.
Resumen: Se condena a dos personas como autores de un delito de violación, por introducción violenta de objeto por las dos cavidades a una mujer, con la que habían pactado servicios sexuales. El procedimiento duró cuatro años, lo que da lugar al reconocimiento de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como atenuante simple y no como muy cualificada.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el apartado tres de la disposición final segunda de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Refiere el Alto Tribunal que la STC 148/2021 ha concluido que no afecta a la libertad de empresa la adopción de medidas como las reflejadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que encuentra cobertura la Orden impugnada. En detalle, en el denominado "proceso de desescalada" no se vislumbra quebranto de los arts. 14 y 9.3 de la Constitución por la inclusión del comercio minorista, hostelería y restauración y la no inclusión del sector del juego privado. A este último respecto señala la sentencia que es relevante el intercambio de objetos entre empleados y clientes (cartones, fichas) o el uso de equipamientos (máquinas de azar o apuestas) por múltiples usuarios. No hay, por tanto, discriminación al no existir un término válido de comparación ni tampoco arbitrariedad dadas las especiales características de la actividad.
